La trampa de los permisos

Chile acumula una década de estancamiento económico y las perspectivas, hasta ahora, no son particularmente auspiciosas. El comité de expertos convocados por el Ministerio de Hacienda para calcular el PIB de tendencia, con el que se elaborará el Presupuesto 2025, cifró la tasa de crecimiento en 2,2% para el próximo año, por debajo del 2,3% de este y estimó que la expansión promedio del período 2025-2029 se ubicará en solo 2,1%. Más allá de las declaraciones voluntaristas, de diversas autoridades que celebran que “habrá crecimiento”, no se puede desconocer que hay trabas estructurales que impiden el despegue económico, pese a las condiciones privilegiadas del país para la explotación de recursos naturales como la minería del cobre, tierras raras, litio o nuevos energéticos, como el hidrógeno verde.

Un fast track para liberar de los nudos burocráticos a proyectos de inversión relevantes daría impulso al crecimiento y al empleo.

Una de las grandes piedras de tope es la burocracia estatal, que detrás de una concepción añeja concibe a las empresas como depredadoras per se, a las que se exige un sinnúmero de permisos, que terminan redundando en una tramitología excesiva que desincentiva el desarrollo de grandes inversiones, el crecimiento y el empleo. La solución no tiene que ver con menos exigencias medioambientales, sino con que éstas sean razonables.

El propio gabinete procrecimiento del Gobierno identificó a fines de la semana pasada una cartera de 181 proyectos relevantes afectados por la permisología sectorial, que deben acometer en conjunto 414 gestiones ante 25 servicios públicos. Su destrabe significaría concretar inversiones por más de US$ 67 mil millones. Este levantamiento puede ser un buen primer paso para comenzar a resolver los nudos, pero se puede hacer más.

En esa línea, es atendible el llamado de Sonami a establecer un fast track para 36 proyectos mineros que, de materializarse, permitirían concretar inversiones superiores a los US$ 10.400 millones, aumentar en 20% la producción de cobre, y sumar US$ 1.200 millones en ingresos fiscales adicionales. Si se mantiene un precio del cobre levemente superior a los US$ 4 la libra, “liberar” esta mayor producción de la trampa de los permisos generaría, además, un incremento cercano al 0,9% del PIB nacional.

Soluciones en esta línea inyectarían recursos a la estrechez en las cuentas fiscales que enfrenta el Ejecutivo, y sentarían condiciones para impulsar las inversiones, el crecimiento y la generación de empleos. El mismo catastro del gabinete procrecimiento muestra en qué áreas podrían enfocarse los esfuerzos para un fast track de grandes proyectos, pues evidencia que por áreas geográficas es Antofagasta, zona minera, la que enfrenta más trabas en permisología; por sectores económicos lo son energía y minería; y por montos, los proyectos de hidrógeno verde, en Magallanes.